Los avances tecnológicos relacionados con las redes sociales online volvieron a llamar la atención de los responsables gubernamentales de asuntos de privacidad y protección de datos. En esta ocasión, funcionarios de diez países publicaron el martes una carta conjunta instando a Google a mejorar su respeto por la intimidad de las personas, haciendo referencia a los inconvenientes que tuvo la compañía con el lanzamiento de su servicio Buzz.
Aunque se reconoció la participación del megabuscador en múltiples debates sobre Derechos Humanos, especialmente enfocados a este tópico, el principal llamado de atención que recibió la firma fue que a la hora de presentar una nueva aplicación, “demasiado a menudo”, no tiene en cuenta la seguridad de los usuarios.
En la misiva firmada por representantes de Canadá, España, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda y Reino Unido, se pidió a Google que recoja la menor cantidad de información de las personas tanto como sea posible, que haga de público conocimiento cómo se utilizan esos datos, y que asegure que los controles de privacidad son fáciles de encontrar y utilizar.
No se quedó callado
Ante la carta recibida, David Drummond, vicepresidente Senior de Desarrollo Corporativo y Jefe de Asuntos Legales de la compañía, publicó en el blog oficial su respuesta al pedido de los funcionarios. En primer lugar, el ejecutivo se encargó de afirmar que el derecho de cada individuo “a expresar con libertad sus opiniones sin interferencia de terceros y de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación sin importar las fronteras” (Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) se aplica muy bien a la era de Internet, dado que la Red se constituyó como uno de los espacios que deja abierta la posibilidad de expresarse sin condicionamientos.
“A pesar de esto, continúa creciendo a ritmo acelerado la censura gubernamental en Internet: desde el bloqueo y filtrado de sitios hasta órdenes judiciales que limitan el acceso a la información o legislaciones que fuerzan a las compañías a publicar contenido auto-censurado”, denunció.
Drummond aseguró que con ese panorama “no es ninguna sorpresa” que Google, al igual que otras compañías de tecnología y telecomunicaciones, sea regularmente objeto de demandas por parte de agencias gubernamentales que solicitan que se quite contenido de sus servicios.
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